En los últimos días, un lamentable
escándalo ha agitado al Maule, revelando con crudeza una crisis sistémica que
trasciende a la simple incompetencia burocrática. La correspondencia médica
abandonada en un sitio eriazo, procedente del Hospital Regional de Talca, es la
punta del iceberg de la debacle que envuelve a las listas de espera, pero también
es un testimonio inequívoco de la degradación institucional y de la impunidad
que ha hecho de la burocracia un cómodo refugio para la irresponsabilidad.
Este incidente, lejos de poder ser
atribuido a un desafortunado azar, debe ser comprendido como lo que es: un acto
de negligencia consciente. No basta con justificar que la falla reside en los
problemas estructurales del sistema; la disposición de documentos tan sensibles
y vitales, expuestos al abandono, revela una indiferencia que raya en lo
delictual. La negligencia, en este caso, no es un accidente, es una forma de
desentenderse de la más elemental de las responsabilidades que debería cumplir
cualquier sistema de salud: salvaguardar la dignidad y los derechos de las
personas, cuyos datos son vulnerados por quienes están llamados a protegerlos.
¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta
es evidente: cuando la transparencia se degrada a retórica vacía y la rendición
de cuentas se convierte en una mera formalidad, la ineficiencia y la impunidad
no sólo proliferan, sino que terminan por imponerse como norma. Lo que
presenciamos es, entonces, la consecuencia natural de un sistema que ha
olvidado su propósito.
Desde mi perspectiva, la modernización de
nuestro sistema de salud es urgente, con la implementación de tecnologías como
la ficha clínica electrónica, que no es un lujo ni una concesión, es un derecho
fundamental que debe ser garantizado a cada persona. No puedo estar conforme
con un sistema que deja morir, en un año, a 44.000 personas en la espera de una
consulta de especialidad o cirugía
Por eso, esta modernización será
insuficiente si no atacamos el problema de raíz: la cultura de la impunidad que
legitima estas conductas. Necesitamos fortalecer la fiscalización, garantizar
una verdadera rendición de cuentas y, sobre todo, instaurar una administración
que, lejos de someterse a intereses particulares, esté al servicio exclusivo de
las personas.
Este escándalo, más que una anécdota
bochornosa, debe ser el catalizador de un cambio profundo. No podemos seguir
permitiendo que la confianza en nuestras instituciones continúe desmoronándose.
Merecemos un sistema de salud que funcione, que trate a sus ciudadanos con el
respeto que merecen y que se rija por los más altos estándares de transparencia
y eficiencia.
Ha llegado el momento de tomar decisiones
valientes, de enfrentar con rigor y seriedad los problemas que nos aquejan, y
de construir un futuro donde la dignidad de nuestra gente se sitúe, finalmente,
en el centro de toda acción gubernamental. No caben más excusas, el momento de
actuar es ahora.
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